Sucesos Tucumanos - Obras sociales y pacientes con discapacidad, sin salida

Política: Obras sociales y pacientes con discapacidad, sin salida

22/09/2026 | 551 visitas

Desde el 1° de septiembre rige la Disposición 5461/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que establece un arancel por la intervención del organismo en el despacho a plaza de productos importados. El cargo se calcula como porcentaje del valor FOB de la mercadería: 1,5%, con una alícuota reducida de 1,25% para operaciones de mayor monto, y tiene topes de $5 millones para productos médicos y $12 millones para medicamentos.

Días después de su entrada en vigencia, el organismo que depende del ministro Mario Lugones comunicó internamente que no aceptará pedidos de exención y que las otorgadas hasta ahora quedan sin efecto. El pago del arancel pasó a ser condición para continuar cualquier trámite, incluso los iniciados por particulares.

A la fecha no se dictó el procedimiento ni el código de pago para aplicar el nuevo arancel, lo que mantiene frenados los trámites de pacientes con Certificado Único de Discapacidad (CUD), que no cuentan con un canal de atención definido. Los reclamos de pacientes se acumulan y, por el momento, no hay respuestas oficiales. Las obras sociales y las prepagas, ya en crisis terminal en algunos casos, suman un nuevo arancel y quedan más cerca del colapso total, según advirtieron desde el sector.

El cobro se concentra en las importaciones de mayor complejidad y valor: dispositivos médicos Clase III y IV y medicamentos de alto costo. Como el arancel crece con el precio del producto, cuanto más caro es el tratamiento, mayor es el monto a pagar. Esta situación impacta directamente en pacientes con patologías graves y en personas con CUD, cuyos tratamientos dependen de insumos que no se producen en el país. La medida contradice la Resolución 1388/97 del Ministerio de Economía, que exime de derechos de importación y tasas aduaneras a los medicamentos y bienes que las personas con discapacidad necesitan para su tratamiento o rehabilitación. ANMAT sostiene que su normativa no prevé excepciones para organismos públicos, entidades del Estado ni particulares.

La Disposición 5461 invoca el proceso de desregulación iniciado en 2025, cuando ANMAT dejó de intervenir en la importación de productos médicos de riesgo I y II. El alivio alcanza a los productos de menor riesgo y valor, mientras que el nuevo costo se concentra en los tratamientos de mayor complejidad. La medida se suma al tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027, que propone modificaciones al Nomenclador de Prestaciones Básicas de la Ley 24.901. Organizaciones de pacientes y asociaciones de discapacidad advirtieron que la combinación de ambas iniciativas podría dejar sin cobertura efectiva a miles de personas que dependen de medicamentos y dispositivos importados para sobrevivir.

ANMAT

Las principales funciones del organismo científico-técnico fueron establecidas por el Decreto 1490/1992 y se resumen en regular, controlar y fiscalizar la calidad de los "productos, sustancias, elementos y materiales que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética humanas, y controlar las actividades, procesos y tecnologías que mediaren o estuvieren comprendidos en dichas materias".

Es un organismo descentralizado que se encuentra dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Es autárquico, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación.

Además, a través del tiempo, y teniendo en cuenta los escenarios regulatorios emergentes, el Ministerio de Salud de la Nación, incluyó nuevas categorías a la órbita de ANMAT tales como los insumos o productos descartables y recientemente a los productos vegetales a base de cannabis.

Tal es así que, los responsables o representantes de las empresas farmacéuticas o alimentarias deben obtener de la Agencia la autorización para elaborar y/o importar sus productos, y respetar sus normativas sobre buenas prácticas de fabricación, distribución, almacenamiento y control de calidad para garantizar la seguridad y eficacia de los productos que consume la población.

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