El informe consideró que las falsas denuncias son un “fenómeno marginal”, que apenas representan el 0,09% de las causas penales iniciadas entre 2023, 2024 y 2025. No obstante, sólo diecisiete jurisdicciones aportaron datos para este relevamiento (con excepción de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán), por lo que no puede decirse que el relevamiento refleje lo que ocurre en la totalidad del país.
Otro dato que se desprende del estudio es que la mayoría de las falsas denuncias no tienen como antecedente investigaciones por delitos cometidos en contextos de violencias de género: en las jurisdicciones que pudieron desagregar los números, se observó que el 86% de estos delitos corresponde a conflictos de otra índole.
“El problema que el proyecto (de Carolina Losada) pretende agravar es estadísticamente minoritario dentro de un fenómeno ya marginal”, señaló el documento, que también apuntó que el problema real que rige en la materia es el subregistro de los delitos de género: “La evidencia disponible muestra que más del 77% de las víctimas no denuncia. Agravar la pena para quien denuncia agrava este problema estructural”.
Los números El informe consideró los casos registrados en los sistemas de gestión de los Ministerios Públicos Fiscales del país por los delitos de falsa denuncia (sancionado por el artículo 245 del Código Penal) y falso testimonio (artículo 275 del Código Penal).
En las diecisiete jurisdicciones que aportaron información se constató que en los últimos tres años se iniciaron 8.254.672 casos judiciales. De ellos, 7.517 (el 0,09% del total) fueron por falsas denuncias y 2.095 (el 0,025%) por falso testimonio.
Del informe se desprendió que de cada 1.098 causas iniciadas en la Justicia, una fue por delitos de falsa denuncia. En tanto, de cada 3.940 casos, uno fue por falso testimonio.
“Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley. No existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal. Este delito representa una causa aproximadamente cada mil en el sistema penal. El falso testimonio, aproximadamente una causa cada cuatro mil”, apuntó el relevamiento.
Y añadió: “Sobre más de 8 millones de investigaciones penales registradas en diecisiete jurisdicciones durante tres años, las falsas denuncias representan el 0,09% del total. Este dato no acredita ningún fenómeno criminal de escala que requiera agravamiento de penas”.
Sin embargo, se aclaró que la provincia de Salta registró 4.307 causas judiciales por falsas denuncias: un 57,3% del total relevado. “El sistema salteño registra como ‘falsa denuncia’ a cualquier presentación que ingresa con ese rótulo en el sistema, independientemente de si cumple los requisitos típicos del artículo 245 del Código Penal”, apuntó el informe, que aseguró que a pesar de la incidencia de esta provincia en el número nacional, la marginalidad del fenómeno se sostiene aún con este distrito incluido.
Denuncias falsas por violencia de géneroEl relevamiento también buscó determinar qué cantidad de falsas denuncias tuvieron como trasfondo hechos de violencia de género, violencia contra niños y adolescentes o delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, obtener un dato estimativo no resultó fácil dado que algunas jurisdicciones –Nación, Mendoza y Córdoba– no clasifican por tipo estos delitos. “La ausencia de información desagregada revela un déficit estructural en los sistemas de información de los Ministerios Públicos”, alertó el estudio.
Si bien entre 2023 y 2025 en el país pudieron contabilizarse 7.020 denuncias falsas, sólo 588 (el 8% del total) tuvieron como trasfondo la violencia de género o la violencia intrafamiliar, mientras que 6.021 (86%) causas fueron originadas por otra índole de delitos. Dentro de las jurisdicciones que desagregaron datos –aunque algunas lo hicieron de forma parcial– solamente en Tierra el Fuego y en Santa Fe las falsas denuncias asociadas a violencia de género fueron mayores que las vinculadas a otros delitos, aunque en esta última provincia la clasificación de los datos fue parcial y sólo se aplicó sobre el 18% de las causas: de los 440 casos reportados, 362 no pudieron ser clasificados por tipo de conflicto antecedente ya que “en principio no encajarían en ninguna de las dos especificaciones”.
“En el total de las catorce jurisdicciones que desagregaron datos, el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole (patrimoniales, vecinales, laborales, etcétera) y sólo el 8% al ámbito de violencia de género/intrafamiliar. Existe una variación importante entre jurisdicciones, que puede responder a diferencias reales o a criterios de registro distintos”, contempló el relevamiento. Y añadió: “La mayoría de los sistemas de gestión no permite discriminar el conflicto antecedente. Esto evidencia un déficit de información —no un fenómeno de escala— y refuerza la necesidad de invertir en registro, no en penas”.
Crecieron las falsas denuncias, pero el número sigue siendo marginal
El informe señaló que hubo un crecimiento en el número absoluto de casos de falsa denuncia:
• En 2023 se registraron 1.845 casos.
• En 2024 se reportaron 2.530 casos (con un crecimiento interanual del 37,1%).
• En 2025 se informaron 3.145 casos (con un crecimiento interanual del 24,2%).
Si bien entre 2023 y 2025 las causas ingresadas por denuncias falsas, en valores absolutos, crecieron un 70,3%, desde el Observatorio de Violencia de Género aclararon que esto no se traduce en un incremento real de estos delitos.
“El incremento de registros no acredita un aumento del fenómeno. El crecimiento de casos entre 2023 y 2025 puede responder a mejoras en el registro, cambios en criterios o litigación estratégica. Incluso con el aumento, la falsa denuncia representa el 0,09% del total. El aumento de los registros puede ser en parte el resultado positivo de una mayor capacidad de captación del sistema, no necesariamente de un incremento del fenómeno”, observó el documento.
Lo que el relevamiento no pudo saberHay algunos supuestos –mediante los cuales se sostuvo que era necesario endurecer las penas a quienes cometan falsas denuncias– que no pudieron comprobarse en este relevamiento. Por ejemplo, los datos disponibles no detallan los sexos del denunciante o denunciado ni el resultado procesal de las causas, de forma que no puede decirse cuántas denuncias falsas fueron efectivamente acreditadas como tales por el sistema judicial.
Tampoco se pudo corroborar que las denuncias falsas sean una “estrategia o táctica” de litigación en disputas familiares; ni que este tipo de acusaciones hayan modificado o suspendido medidas cautelares en casos de violencia de género antecedente.
“Los delitos que se dan en un contexto de violencia de género tienen el problema opuesto al que diagnostica el proyecto impulsado por Losada: no se denuncian suficientemente. Agravar la pena para quien denuncia en ese contexto agrava un problema de sub-acceso a la Justicia que los propios datos del Estado argentino documentan”, cerró el informe.
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