La ampliación del escrito judicial se fundamentará en la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La controversia se intensificó luego de que el titular de la autoridad monetaria afirmara ante los legisladores que parte de los lingotes se encontraban depositados en una entidad financiera en Suiza, versión que fue cuestionada por el organismo de control e impulsó las acciones de los bloques opositores.
 
Desde la AGN denunciaron irregularidades en los procedimientos de fiscalización, señalando que el Banco Central denegó el acceso a la documentación requerida para auditar los envíos de material precioso. A este escenario se suma el incumplimiento de una orden dictada por el Poder Judicial que intimaba al Banco Central a responder los pedidos formales de acceso a la información pública vinculados con las transferencias hacia el exterior.
 
 El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, precisó que la tarea en curso consiste en auditar la operatoria física y logística del oro, descartando que se trate de una mera revisión de los estados contables como sostuvo la conducción del BCRA en el Congreso. Sobre el accionar de la autoridad monetaria, Olmos sostuvo que "está en revisión, no se revisó todavía. No fue nada claro el presidente del Banco Central y debería poner transparencia en esto". Asimismo, el funcionario añadió que "no sé si fue a propósito o sin querer, pero creo que hizo una mezcla, una ensalada, en parte para ocultar, o para no decir que durante casi un año no pudimos acceder a la información. Se negó el Banco Central a brindar la información de acuerdo al procedimiento y a la metodología con que se hacen las auditorias".