El deterioro del SMVM no responde a una sola gestión sino a una tendencia descendente que se inició hace más de una década. El máximo histórico se registró en septiembre de 2011, cuando el salario mínimo alcanzó los $1.059.903 en valores de abril de 2026. Desde entonces, el indicador inició una curva descendente que atravesó gobiernos de distinto signo político. En noviembre de 2023, antes del cambio de gestión, el SMVM ya había perdido el 44% de su valor respecto de aquel pico, ubicándose en $589.124. La erosión acumulada desde septiembre de 2011 hasta la actualidad alcanza el 66%, lo que ubica al salario mínimo real por debajo del valor que tenía en 2001, en uno de los niveles más bajos de las últimas tres décadas.
 
Desde julio de 2025, el salario mínimo acumula diez meses consecutivos de pérdida real, según consignó el estudio. Las caídas mensuales fueron las siguientes: julio (-0,5%), agosto (-0,5%), septiembre (-2,0%), octubre (-2,3%), noviembre (-0,5%), diciembre (-0,9%), enero (-1,0%), febrero (-1,2%), marzo (-4,7%) y abril (-1%). La brecha se profundizó especialmente en septiembre y octubre de 2025, cuando el SMVM permaneció congelado en $322.200 mientras los precios continuaron subiendo. Si bien en algunos meses hubo recuperaciones parciales por incrementos nominales que acompañaron o superaron a la inflación, esas mejoras no alcanzaron para revertir la tendencia general.
 
El deterioro del salario mínimo se inscribe en un cuadro más amplio de pérdida de poder adquisitivo y destrucción de empleo. Según el mismo informe, el poder de compra del salario del sector privado cayó 4,8% respecto de noviembre de 2023, mientras que el del sector público retrocedió 17% en el mismo período. La remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado fue de $2.111.085 en marzo de 2026, un valor 14,9% inferior al máximo de la serie registrado en mayo de 2013. Además, el empleo asalariado formal privado acumula una pérdida de 206.000 puestos respecto de noviembre de 2023, con la industria y el comercio como los sectores más afectados. En febrero de 2026, el total de asalariados registrados ascendía a aproximadamente 10 millones, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).