Inicialmente planteada como una norma para luchar contra la pedofilia, despertó duras críticas por su carácter discriminatorio contra el colectivo LGTBIQ+. El Parlamento Europeo y varios Estados miembros se sumaron a la demanda del Ejecutivo comunitario por infringir varias normas del mercado interior, los derechos fundamentales de las personas y los valores de la UE.
 
La sentencia de este miércoles supone la primera vez que el TJUE determina que se han violado los preceptos básicos de la UE recogidos en el artículo 2 de los tratados. Esta tilda la ley de "un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales".
 
"La legislación húngara estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales y (...) las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas", advierten los jueces.
 
Respecto al pretexto de la protección de la infancia, la justicia europea reconoce que los países tienen "margen de apreciación" para definir qué contenidos pueden perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, pero éste debe ejercerse respetando la prohibición de discriminación por razón de sexo y orientación sexual.