En el debate, se pudo establecer que las víctimas debían pernoctar en casillas construidas por ellos mismos con palos, lonas y elementos recolectados del predio, en condiciones de hacinamiento, con piso de tierra, camas de madera en mal estado y colchones deteriorados. Además, carecían de cocina, baño y lugares para higienizarse y/o poder realizar sus necesidades fisiológicas dignamente. Por otro lado, no contaban con acceso a energía eléctrica, gas, agua potable ni elementos de primeros auxilios de modo tal que una de las víctimas sufrió lesiones, sin ser debidamente asistida. A su vez, sufrían las condiciones climáticas adversas con motivo del estado y entorno del lugar donde debían vivir y dormir.
 
El tribunal ponderó especialmente los informes de fiscalización y las constancias labradas durante la inspección, llevada a cabo por inspectores de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)  -actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)-, junto con autoridades laborales. La intervención permitió acreditar de manera objetiva las condiciones de trabajo, la ausencia de registración laboral y las graves deficiencias en materia de habitabilidad, higiene y seguridad.