Durante la jornada, la auxiliar de fiscal, María Paula Belllomio, en representación de la titular, se refirió a la calificación principal. “Desde el mes de febrero de 2023 y hasta el mes de mayo de 2024 dentro del territorio de nuestra provincia, los acusados y otros sujetos aún no identificados, previo acuerdo de voluntades, división de tareas y roles asignados, desempeñándose uno como jefe (empleado policial quien se desempeñaba como seguridad privada en el Paseo Sáenz Peña) y el resto como miembros de la organización, fue que en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron en forma solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a cometer usurpaciones, estafas y otros delitos contra la propiedad realizando un seguimiento detallado de los inmuebles teniendo en cuenta que se encontraban en situaciones precarias (como ser juicios sucesorios o que las viviendas eran habitadas por personas de avanzada edad), relató Bellomio. “Como medio para lograr esa finalidad se valían de abogados como así también de la influencia del personal policial para tener datos sobre el estado de la causa (cuando los hechos eran denunciados). Mantenían comunicación fluida, entre ellos, para alertarse sobre el mejor momento para realizar el ingreso (usurpación) y armar estratégicamente la documentación apócrifa para engañar a terceros”, agregó la Auxiliar de Fiscal. En cuanto a las evidencias, la representante del MPF se refirió al informe desarrollado por la Dirección de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y las conversaciones que mantenían los miembros. En uno de los diálogos el abogado imputado (45) le decía al cabecilla: “Pasame guita. No tengo una hermano. Yo te he dado los boletos y no me has pasado un mango”.