Este martes, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF, que conduce Mariana Rivadeneira, imputó a tres personas (un masculino – de 50 años- y dos femeninas – de 23 y de 27 años-) por el delito de malversación de bienes en calidad de partícipes necesarios. Por esta causa, declarada como asunto complejo, ya están con prisión preventiva padre e hijo (una de las imputadas es esposa del hombre de 58 años). En la audiencia, la auxiliar de fiscal, Brenda Deroy, se refirió a las características del hecho (ver aparte) donde se investiga el acopio de gran cantidad de mercadería de Desarrollo Social (cuya venta se encontraba prohibida), la cual había sido desviada del destino de donación para los sectores más vulnerables de la provincia. “No sólo se desvió la mercadería sino que se afectó a personas vulnerables que esperaban recibirla para saciar una necesidad alimenticia. En este caso, había plazos de entrega que estaban ampliamente cumplidos y, sin embargo, seguían en los lugares allanados. Según los testigos de la investigación, la mercadería era vendida lo que ha requerido una gran logística y la participación de muchas personas quienes se inscribían como representantes de los bloques o de movimientos para lograr el cúmulo de mercadería y acaudalar así la venta”, afirmó la representante del MPF y la participación de los involucrados. Seguidamente, Deroy pidió la prisión preventiva hasta el 28 de febrero atento a los riesgos procesales (inexactitud de domicilios). “Ya tenemos a seis personas involucradas (uno de ellos se encuentra prófugo por lo que se dictó el pedido de captura). En libertad pueden destruir o modificar evidencia y esto se evidencia que en el cuarto allanamiento ya apareció documentación de una de las imputadas (que no estaba en las anteriores medidas practicadas allí). Los testigos/vecinos nos dijeron que tienen miedo tanto en Alderetes como en Manantial Sur. Les pedían sus documentos, pero nunca le hacían llegar los módulos alimenticios. Estas personas se han animado a declarar después de avanzada la investigación donde se ha declarado prisión preventiva para dos de ellos”, agregó. Lo expuesto fue respaldado por la querella en representación del Gobierno de la Provincia. En tanto, las defensas solicitaron el arresto domiciliario. Luego de escuchar a las partes, el juez interviniente hizo lugar parcialmente al requerimiento de la Fiscalía, reduciendo el plazo hasta el 5 de febrero.